Exigiría un preámbulo que describa los años de violencia. Ofrecería la ocasión de integrar en el marco jurídico político a la segunda (quizá primera) fuerza del país
En el reciente aniversario del Estatuto de Gernika han vuelto los mensajes sobre la necesidad de su reforma y sobre las dificultades políticas de esa reforma, centradas en la inclusión en él de algún tipo de fórmula que garantice el llamado ‘derecho a decidir’, aunque su ejercicio quedara postergado al cumplimiento de determinadas circunstancias. Esta sería la posición Bildu, mientras que la pretensión PNV se centra, al parecer, en una fórmula que pone en la soberanía sus objetivos, mediante lo que el propio lehendakari ha llamado «un concierto político», es decir, una especie de bilateralismo con el Estado que permita al País Vasco blindar sus competencias, evitando cualquier interferencia estatal y poder decidir así qué leyes o disposiciones estatales serian aplicables en nuestra comunidad autónoma.
Sorprende que todo el debate de la reforma se centre en las demandas nacionalistas y que los partidos mayoritarios del país marginen ,incluso desprecien, otros objetivos, a mi parecer más importantes, en esa reforma. Una reforma del Estatuto es la ocasión perfecta para abordar algunas modificaciones en el sistema institucional interno de nuestra comunidad, que presenta duplicidades competenciales notables entre diputaciones forales y Gobierno vasco y que adolece de mecanismos que ordenen y armonicen la fiscalidad en tres pequeños territorios, con tres haciendas provinciales, y que lo hagan con lealtad al Estado y a la Unión Europea, condición sine qua non de su permanencia.
Un acuerdo interno entre las fuerzas políticas vascas sobre este delicado entramado institucional permitiría resolver nuestras conocidas diferencias sobre la relación entre territorios históricos y Gobierno vasco y quizás reducir algunos excesos administrativos ,al tiempo que se eliminan duplicidades competenciales.
El Estatuto de Gernika es un texto breve y esquemático, dirigido a levantar el edificio autonómico sobre las bases, muy iniciáticas, del Título VIII de la Constitución. Más allá de los órganos institucionales y las competencias, el Estatuto nada dice de las relaciones de los ciudadanos vascos con sus órganos de poder. Una reforma nos permitiría elaborar una verdadera carta de derechos y deberes de los ciudadanos que conformarían los parámetros de nuestro contrato social.
Una precisa definición de derechos ayudaría a configurar los grandes servicios públicos, cuya competencia es enteramente autonómica, y otorgaría a las reclamaciones ciudadanas un soporte jurídico fundamental. A su vez ,la definición de nuestros deberes nos corresponsabiliza con las libertades y los derechos de los otros y establece nuestras obligaciones contributivas al funcionamiento del conjunto del país. Sería una especie de ‘título constitucional’ sobre los derechos fundamentales de los vascos en relación con su autogobierno.
Han pasado ya casi 15 años desde que acabó la violencia y es tiempo de mirar juntos al pasado y tratar de ir cerrando las heridas que dejó, en todos nosotros, tanta tragedia sufrida durante 50 años. Una reforma de nuestro Estatuto exige un preámbulo ‘ad hoc’, una ‘literatura constitucional’, que describa ,por una parte, lo que han significado estos años de autogobierno, lo que ha funcionado bien y lo que no, el sentido de la reforma. Pero también lo que ocurrió con la violencia, un relato sobre lo que nos sucedió, un relato histórico consensuado ,que nos permita reconocernos a todos en las víctimas como testimonio de la verdad.
Ese momento, además, ofrecería la oportunidad y el lugar para que la izquierda abertzale expresara (lo que todavía no ha hecho) el reconocimiento de su responsabilidad, en un contexto de perdón y reconciliación general. Un relato que recogiera una mirada autocrítica de la sociedad vasca hacia ese pasado, pero que se proyectara hacia un futuro colectivo que queremos emprender juntos. Se trataría de un texto ‘escrito a cuatro manos’, es decir, recogiendo las cuatro grandes sensibilidades políticas y sociales que integran nuestra comunidad en sus opciones partidistas, expresando así la pluralidad de interpretaciones sobre el pasado y proyectando hacia el futuro su voluntad de convivencia.
No es tarea fácil pero ¿no sería esta una causa suficiente como para abordar esta reforma? ¿No sería esta la ocasión para formalizar la integración en el marco jurídico político de la segunda (o quizás de la primera) fuerza política del país? Sorprende oír hablar de la reforma estatutaria a PNV y Bildu sin comentar siquiera estas miradas interiores, tan oportunas como necesarias, y sorprende aún más oírles hablar de una reforma que, además de inviable jurídica y políticamente, rompería el consenso social que obtuvo el actual Estatuto y dividiría en dos el país, echando por tierra un marco en el que hoy estamos todos (incluido Bildu, aunque no lo digan).
Publicado en El Correo, 8 Noviembre 2025