Ciudadanos, libres e iguales.

Escucho, con cierta frecuencia últimamente, que 'hay que acabar con el régimen del 78', al parecer, causa y origen de todos nuestros males. Bildu pretende así justificar a ETA y su violenta lucha contra la democracia y el autogobierno vasco. Otros, como Podemos, quieren restaurar la república y refundar nuestra democracia sobre la plurinacionalidad, aunque no nos dicen en qué modelo territorial se basaría ese polisémico término. La Constitución del 78 es, efectivamente, núcleo y símbolo de ese régimen, que no es tal, puesto que esa denominación, con pretensiones peyorativas, no debería aplicarse a nuestra democracia representativa y constitucional.

Estuvimos muy solos en aquella campaña del año 1978 para que Euskadi votara 'sí' a la Constitución Socialistas, PCE y pocos más salimos a las calles para defenderla frente al 'no' abertzale y la abstención nacionalista. Sin caer en nostalgias del pasado, a las que la edad te proyecta inevitablemente, me gustaría destacar tres razones, de hoy, que avalan nuestra defensa de aquella Constitución, que es nuestro actual marco de convivencia democrática, la que nos hace ciudadanos, no súbditos, libres e iguales.

La primera es que fue y es de todos. Sin exclusiones. Se trata de una Constitución abierta -no militante, se dice también- que acepta todas las opciones políticas, sin límite alguno, garantizando así el pluralismo político pleno ,cuya raíz -conviene recordarlo hoy- es el reconocimiento del otro y la exigencia de respeto y diálogo con las opciones políticas ajenas .Que protege las libertades, todas las libertades, en todas sus manifestaciones y en toda su extensión. Que ordena los poderes, su separación y sus instituciones, de manera moderna y funcional y que garantiza la alternancia política ,como nuestra historia moderna acredita.

Las democracias están en crisis. También la nuestra .Las respuestas son múltiples pero hay una imprescindible: defender y fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Si perdemos la fe en ellas o las desprestigiamos frívolamente, los caballos de Troya que atacan nuestra democracia la acabarán destruyendo. Por eso, defender la Constitución es defender nuestra democracia.Tan simple como cierto.

Un segundo factor es el reconocimiento de los indudables beneficios que la Constitución nos ha proporcionado. No hay, en la tumultuosa y fratricida historia española, un periodo tan largo -casi cincuenta años- con mayor nivel de libertad, paz y progreso que el que hemos disfrutado con ella.Incluso para quienes se abstuvieron o votaron en contra de aquel texto, puede decirse, sin temor a ofenderles, que la Constitución no ha representado un freno o un impedimento a sus aspiraciones y a sus proyectos .Es más, el nacionalismo vasco ha ejercido y ejerce su inmenso poder institucional en plena conformidad con el marco jurídico y político que configuran Constitución y Estatuto. Paradojas de la política, el PNV de hoy articula su 'nuevo estatus' para la reforma estatutaria sobre la base de la disposición adicional de los Derechos Históricos de nuestra Constitución.

De manera que ¿por qué destruir ese marco? ¿Qué otra alternativa puede asegurar nuestra pacífica convivencia? ¿Dónde y en qué encontraremos nuevos consensos, si nos ponemos a reconfigurar nuestro marco jurídico y político?

Así enlazo con la tercera razón. Todos los elementos claves de nuestra Constitución fueron consensuados sobre la base de mutuas renuncias. No hace falta enumerarlas, son bastante evidentes.Pues bien, en contra de lo que muchos piensan, esos consensos de hace 47 años siguen siendo necesarios e insustituibles. La monarquía parlamentaria, el credo democrático ,que integran el pluralismo político,las libertades y el Estado de Derecho, el Estado autonómico y en consecuencia el modelo cuasi federal de nuestra política territorial, el modelo social, es decir, el Estado del bienestar y la cohesión social, son piedras de bóveda que articulan la actual vertebración política y social de los españoles. Si pretendemos modificar o sustituir alguna de esas bases, el edificio se desmorona, la convivencia se fractura y la sociedad se divide en dos irremisiblemente.

Otra cosa es proponer reformas constitucionales que, sin duda, necesitamos. Por ejemplo, para hacer más fácil su propia reforma, en aspectos no básicos, mediante procedimientos que no requieran referéndum. O para constitucionalizar nuevos derechos básicos (vivienda o sanidad), o para cambiar el Senado y el reparto competencial hacia un Estado federal, o nuestra inserción jurídica y política en Europa, o tantos otros capítulos que los cambios producidos estas décadas reclaman.

Reformar la Constitución, sí, pero, una vez más, solo por consenso. Hacer una nueva pretendiendo imponer nuestro modelo a los otros, y destruir la actual, no, por favor.

Publicado en El Correo, 6-12-2025

UE- Mercosur: ¿por fin?

Cuando la señora Von der Leyen se personó en Montevideo el pasado 6 de diciembre para firmar junto a Lula (Brasil), Milei (Argentina), Lacalle (Uruguay) y Peña (Paraguay) el final de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, Comercio y Cooperación con Mercosur, muchos pensamos que un gesto tan decidido expresaba una voluntad firme de aprobar definitivamente ese acuerdo. Habían pasado veinticinco años de tiras y aflojas, de negociaciones difíciles y muy trabajadas, casi siempre abortadas por problemas políticos de unos y otros. Es frecuente escuchar a los técnicos europeos que el acuerdo llegó varias veces al final de lo posible y tuvo que quedar aparcado porque las condiciones políticas en algunos países —de ambas partes— no permitían firmar. Era la historia interminable. 

Pero he aquí que las expectativas surgidas de la firma de Montevideo, ese fin de año, empezaron a desvanecerse, otra vez, a lo largo del primer semestre de este año 2025. Por una parte, la grave situación geopolítica europea, producida por una sucesión de acontecimientos (de todos conocidos) profundamente hostiles a la Unión, y de otra porque varios países manifestaban profundas desavenencias con sus contenidos. La posibilidad de que se formara una minoría de bloqueo, incluyendo países muy importantes de la Unión, pesaba como una espada de Damocles sobre la ratificación del acuerdo por el Parlamento Europeo y sobre su aprobación en el Consejo de la Unión. La situación política interna en algunos de esos países, principalmente en Francia y en Polonia, aumentaba la preocupación. 

Un golpe de timón se ha producido sobre tantas preocupaciones cuando la Comisión, a principios de septiembre, anunció la aprobación de un reglamento por medio del cual se establecen toda una serie de medidas de protección de los sectores más sensibles o previsiblemente más afectados por la apertura comercial a Mercosur y, en concreto, por la desgravación fiscal a la importación de productos agrícolas, especialmente carne de vacuno, de ave, lácteos, azúcar y etanol. 

El reglamento todavía no se ha aprobado en la Comisión, pero apunta en varias direcciones: 

• - Gradualidad en el proceso de liberación de gravámenes, por ejemplo, estableciendo un período de cinco o más años para alcanzar su eliminación total en los productos más sensibles. 
• - Cláusulas de salvaguarda para evaluar anualmente si esas importaciones producen alteraciones graves del mercado interno europeo, con posibilidad de adoptar medidas de suspensión del acuerdo, en tales casos, en esos productos. 
• - Medidas económicas con provisión presupuestaria (más de 5.000 millones de euros) para subvencionar directamente desde la Unión Europea a los sectores o producciones realmente perjudicados por el desarrollo del acuerdo. 

El Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo aprobarán este reglamento (no se olvide que un reglamento es de aplicación inmediata en toda Europa desde su aprobación), antes o junto a la aprobación del acuerdo, que a su vez será sometido a un procedimiento que permita, en su caso, la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo y la ratificación posterior por los parlamentos nacionales de los 27 del acuerdo de asociación política y de cooperación. 

De manera que hoy, a finales de septiembre, el pronóstico es mucho más optimista. 

La traducción a las veintitrés lenguas oficiales de la Unión y el envío a los estados de los textos oficiales se está produciendo estos días de finales de septiembre, y la Comisión ha lanzado ya el procedimiento para la aprobación por parte del Consejo y del Parlamento Europeo. 

No obstante, persisten las dudas porque los países citados, más Irlanda o Austria, siguen teniendo una situación política interna difícil y porque, desgraciadamente, con este acuerdo se ha creado en Europa, y particularmente en algunos países, una especie de relato ecologista-proteccionista cargado de falsedades y de manipuladas informaciones. 

El acuerdo es extraordinariamente importante para Mercosur y para Europa. 

- Afecta a más de setecientos millones de personas y es por eso uno de los acuerdos más grandes del mundo en términos de población afectada.

 - La Unión Europea y Mercosur eliminan aproximadamente el 90 % de los aranceles a sus respectivas importaciones.

 - Esa eliminación de aranceles puede acabar generando un ahorro de más de 4.000 millones de euros para las empresas europeas y liberará, en el mismo sentido y gradualmente, los mercados europeos para las exportaciones agrícolas y alimenticias de Mercosur. 

- Mercosur abrirá sus mercados de contratación pública, por primera vez en su historia, al sector servicios europeo, que ya exporta a Mercosur por valor de más de veinte mil millones de euros al año.

 - Europa tendrá mejor acceso a los minerales críticos, reduciendo así la actual dependencia europea de China en esa materia. 

- El acuerdo incorpora además un anexo sobre comercio y desarrollo sostenible sometiendo a las partes a los compromisos establecidos en el acuerdo de París y cooperando en la lucha contra el cambio climático. 

- Los productos europeos que tienen denominación ligada a su origen geográfico (vino, quesos, etcétera) serán reconocidos y protegidos bajo las indicaciones de este acuerdo. 

- Europa mantendrá su exigencia de cumplimiento a las llamadas políticas de precaución y serán rechazados aquellos productos que procedan o que hayan sido cultivados con riesgo para la salud humana animal y vegetal. 

Pero, más allá de estas específicas cualidades del acuerdo, es preciso recordar que estamos ante un hecho de gran significación política y económica. Mucho más que un acuerdo comercial, es una proclamación solemne y rotunda en favor del diálogo político entre socios en favor del comercio sin trabas fiscales y gravámenes primarios, en favor de las mutuas inversiones reguladas y garantizadas. 

En el caos “trumpiano” de las guerras comerciales y tecnológicas, en el mundo regido por la fuerza y las pretensiones imperiales, en el caos geopolítico en que se ha convertido el mundo, Europa y Mercosur damos una señal al mundo como países que creemos en el diálogo y la asociación, en la cooperación, en el derecho y el respeto mutuo.

Por último, el acuerdo es también un poderoso gesto de personalidad política, de soberanía nacional, de protagonismo internacional por parte de Europa y de Mercosur. En un mundo en el que demasiados aceptan ser vasallos de los nuevos emperadores, quienes defendemos un orden internacional regido por el multilateralismo, el derecho internacional y la paz debemos expresarnos así, fortaleciendo nuestra asociación política y haciéndonos fuertes e influyentes. 

Todo eso es Mercosur. Nada más, pero nada menos. Nuestra esperanza es que pueda ser formalmente aprobado por los cinco protagonistas, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, por una parte, y Europa, por la otra, en la cumbre que celebrará Mercosur en diciembre en Brasil, bajo la presidencia pro tempore de Lula y la presencia otra vez de la señora Von der Leyen en nombre de la Unión Europea. Finalmente, lo que corresponde es que tanto el Consejo de la Unión como el Parlamento Europeo lo ratifiquen para su inmediata entrada en vigor en el ámbito comercial, lo que podría ocurrir en los primeros meses del próximo año 2026. Ojalá que así sea. Será una gran noticia para todos.

Publicado en boletín Fundación Academia Yuste.

Reformar el Estatuto, ¿para qué?

Exigiría un preámbulo que describa los años de violencia. Ofrecería la ocasión de integrar en el marco jurídico político a la segunda (quizá primera) fuerza del país

En el reciente aniversario del Estatuto de Gernika han vuelto los mensajes sobre la necesidad de su reforma y sobre las dificultades políticas de esa reforma, centradas en la inclusión en él de algún tipo de fórmula que garantice el llamado ‘derecho a decidir’, aunque su ejercicio quedara postergado al cumplimiento de determinadas circunstancias. Esta sería la posición Bildu, mientras que la pretensión PNV se centra, al parecer, en una fórmula que pone en la soberanía sus objetivos, mediante lo que el propio lehendakari ha llamado «un concierto político», es decir, una especie de bilateralismo con el Estado que permita al País Vasco blindar sus competencias, evitando cualquier interferencia estatal y poder decidir así qué leyes o disposiciones estatales serian aplicables en nuestra comunidad autónoma.

Sorprende que todo el debate de la reforma se centre en las demandas nacionalistas y que los partidos mayoritarios del país marginen ,incluso desprecien, otros objetivos, a mi parecer más importantes, en esa reforma. Una reforma del Estatuto es la ocasión perfecta para abordar algunas modificaciones en el sistema institucional interno de nuestra comunidad, que presenta duplicidades competenciales notables entre diputaciones forales y Gobierno vasco y que adolece de mecanismos que ordenen y armonicen la fiscalidad en tres pequeños territorios, con tres haciendas provinciales, y que lo hagan con lealtad al Estado y a la Unión Europea, condición sine qua non de su permanencia. 

Un acuerdo interno entre las fuerzas políticas vascas sobre este delicado entramado institucional permitiría resolver nuestras conocidas diferencias sobre la relación entre territorios históricos y Gobierno vasco y quizás reducir algunos excesos administrativos ,al tiempo que se eliminan duplicidades competenciales.

El Estatuto de Gernika es un texto breve y esquemático, dirigido a levantar el edificio autonómico sobre las bases, muy iniciáticas, del Título VIII de la Constitución. Más allá de los órganos institucionales y las competencias, el Estatuto nada dice de las relaciones de los ciudadanos vascos con sus órganos de poder. Una reforma nos permitiría elaborar una verdadera carta de derechos y deberes de los ciudadanos que conformarían los parámetros de nuestro contrato social.

Una precisa definición de derechos ayudaría a configurar los grandes servicios públicos, cuya competencia es enteramente autonómica, y otorgaría a las reclamaciones ciudadanas un soporte jurídico fundamental. A su vez ,la definición de nuestros deberes nos corresponsabiliza con las libertades y los derechos de los otros y establece nuestras obligaciones contributivas al funcionamiento del conjunto del país. Sería una especie de ‘título constitucional’ sobre los derechos fundamentales de los vascos en relación con su autogobierno.

Han pasado ya casi 15 años desde que acabó la violencia y es tiempo de mirar juntos al pasado y tratar de ir cerrando las heridas que dejó, en todos nosotros, tanta tragedia sufrida durante 50 años. Una reforma de nuestro Estatuto exige un preámbulo ‘ad hoc’, una ‘literatura constitucional’, que describa ,por una parte, lo que han significado estos años de autogobierno, lo que ha funcionado bien y lo que no, el sentido de la reforma. Pero también lo que ocurrió con la violencia, un relato sobre lo que nos sucedió, un relato histórico consensuado ,que nos permita reconocernos a todos en las víctimas como testimonio de la verdad.

Ese momento, además, ofrecería la oportunidad y el lugar para que la izquierda abertzale expresara (lo que todavía no ha hecho) el reconocimiento de su responsabilidad, en un contexto de perdón y reconciliación general. Un relato que recogiera una mirada autocrítica de la sociedad vasca hacia ese pasado, pero que se proyectara hacia un futuro colectivo que queremos emprender juntos. Se trataría de un texto ‘escrito a cuatro manos’, es decir, recogiendo las cuatro grandes sensibilidades políticas y sociales que integran nuestra comunidad en sus opciones partidistas, expresando así la pluralidad de interpretaciones sobre el pasado y proyectando hacia el futuro su voluntad de convivencia.

No es tarea fácil pero ¿no sería esta una causa suficiente como para abordar esta reforma? ¿No sería esta la ocasión para formalizar la integración en el marco jurídico político de la segunda (o quizás de la primera) fuerza política del país? Sorprende oír hablar de la reforma estatutaria a PNV y Bildu sin comentar siquiera estas miradas interiores, tan oportunas como necesarias, y sorprende aún más oírles hablar de una reforma que, además de inviable jurídica y políticamente, rompería el consenso social que obtuvo el actual Estatuto y dividiría en dos el país, echando por tierra un marco en el que hoy estamos todos (incluido Bildu, aunque no lo digan).

Publicado en El Correo, 8 Noviembre 2025